Año 10, número 456
Luis-Fernando Valdés
El caso de Marlise
Muñoz conmovió a Texas y a medio mundo. Estaba embarazada, sufrió una embolia
que le condujo hacia la muerte cerebral. El marido y la familia de ella
pidieron que fuera desconectada del respirador artificial. ¿Tenía derecho a
vivir ese feto?
 |
| Marlise Muñoz, descanse en paz. |
La opinión pública
estuvo en vilo esperando la decisión de los jueces para mantener o no con vida
artificial a Marlise, mujer texana de origen hispano de 33 años, que llevaba 14
semanas de gestación cuando tuvo una embolia pulmonar.
Marlise fue
declarada en muerte clínica el 28 de noviembre, pero no la desconectaron de las
máquinas que mantenían su actividad cardiaca y respiratoria hasta el pasado
domingo, 26 de enero, cuando el bebé ya era un feto de 21 semanas. [Nota1,
nota2,
nota3]
El caso tiene
varios aspectos a considerar. Primero, el dolor del marido, Erick Muñoz, y de
la familia de Marlise. Sin duda, para ellos habrá sido un momento duro. Aunque
no estemos de acuerdo con su decisión, no dudamos de su dolor y los respetamos
sinceramente.
Después está la
contraposición entre el derecho y la vida apoyada por la tecnología médica. La
medicina actual es capaz de ayudar a que un bebé continúe su gestación, aunque
su madre esté clínicamente muerta. Pero el derecho en Texas no tenía prevista
esta situación y no pudo proteger a este nascituro.
El Hospital John
Peter Smith luchó hasta el final para mantener la vida del feto, remitiéndose a
una ley aprobada por el Congreso de Texas en 1989, que establece que nadie
puede terminar con un tratamiento para mantener la vida artificialmente de una
paciente embarazada.
Sin embargo, los
abogados de la familia utilizaron una argumentación sesgada: si la paciente está muerta, ni puede estar
embarazada ni se le pueden aplicar medidas para sustentar la vida, ya que no
dispone de ella. Además, sostuvieron que esa ley que ordena llevar a termino la
gestación se refiere a mujeres embarazadas en estado vegetativo o de coma, no
en muerte cerebral.
Esto argumentos
presentan una falacia: ponen el énfasis en la madre, que ha muerto, pero no
atienden al bebé que está vivo, con una vida propia. El nascituro requiere de
la ayuda de su madre para ser viable, pero la vida que posee es de él.
En este caso, la
tecnología podía mantener artificialmente las funciones vitales de la madre,
para que el hijo sobreviviera. Y una vez que el feto fuera viable, se podía
realizar una cesárea y sólo entonces desconectar a la madre fallecida.
El juez R. H.
Wallace de Fort Worth (Texas) dio la razón a la familia el pasado viernes y
obligó al centro médico a desconectar a la paciente. Wallace declaró: “Respeto
los argumentos del hospital tratando de seguir la ley, pero sus secciones no
son aplicables para alguien que esté muerto”.
La clave para
entender este caso consiste en no confundir lo legal con lo moralmente
correcto. Desconectar a Marlise fue legal pues un juez lo ordenó. Pero no fue
una acción éticamente buena, ya que no se respetó la vida de un nascituro. El
juez se empeñó en respetar la letra de la ley, pero no su espíritu: defender la
vida nasciente.
No es una acción
moral sacrificar al feto para permitir que la madre terminé el proceso de
morir. Si esta persona no hubiera estado embarazada, sí hubiera sido lícito no
prolongar artificialmente su vida. Pero aquí había un tercero involucrado.
No pretendemos
juzgar a su marido, ni añadir más dolor a su duelo. Pero ojalá hubiera habido
alguien que le hubiera dicho fraternalmente al oído: “es cuestión de unas pocas
semanas más, ¡vale la pena!”
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