domingo, 25 de febrero de 2007

Aborto, la derrota del derecho

Luis-Fernando Valdés

En el actual debate sobre la despenalización del aborto, hay un argumento en contra del no nacido que parecería convincente. Algunos sostienen que en el proyecto de ley no se obliga a nadie a abortar, sino que sólo se está abriendo la posibilidad para que las mujeres que lo desean puedan hacerlo. Esas frases, de entrada, suenan abiertas y respetuosas, pero conllevan la corrupción del Derecho.
Cuando dicen que la ley, que está a punto de ser aprobada por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, “no obliga a nadie” a hacerlo, quizá no se dan cuenta que el Derecho no tiene como única finalidad coaccionar a los ciudadanos. El Derecho regula la vida de los ciudadanos, y debe buscar que cada uno de ellos alcance un estado de vida digno, en lo que se refiere a lo material y económico, pero sobre todo en lo moral. Las leyes buscan reforzar las conductas y actitudes que favorecen las buenas acciones de los ciudadanos, y castigan los actos que desvían a los seres humanos del objetivo de una vida buena.
Cuando una legislación aprueba o castiga un tipo de conducta, está orientando la vida práctica de los ciudadanos. Así, cuando la ley pena con cárcel a los homicidas, está buscando disuadir de matar. Entre más reprobable es una acción, o más nociva para la vida de una sociedad, recibe castigos más severos para que, al menos por temor, las personas se atrevan a cometerla.
Por esta razón, cuando una acción se despenaliza, la ley indica que esa acción ya no es mala, sino que puede ser realizada por cualquiera que cumpla con los supuestos previstos. Ciertamente una ley de este tipo “no obliga” a nadie a que lo haga, pero le dice a quien desea hacerlo que no se preocupe, porque no habrá hecho nada malo. Entonces, esa acción se convierte en el modo de vida de los ciudadanos.
La nueva ley sobre el aborto no coacciona a nadie a interrumpir la vida del no nacido, pero autoriza un nuevo modo de vida para los mexicanos. Desde ahora es la mujer la que tiene derecho a decir quién nace y quién no puede seguir viviendo. La vida humana ya no está protegida por la ley, sino que la ley misma ha dispuesto que la libertad de decidir de la madre sea superior a la vida del hijo.
En términos utilizados por el pensador alemán Federico Nieztsche, se trata de la “voluntad de poder”. La voluntad del más fuerte se convierte en ley sobre el más débil. Esa fue la divisa de Adolfo Hitler: la raza aria supuestamente superior tenía el derecho de exterminar a las razas inferiores. La aprobación legislativa del aborto será el reconocimiento de la “voluntad de poder” como modo de vida de los mexicanos. Desde ahora la propia voluntad estará por encima de la razón y del Derecho.
Lejos de llegar a un estado superior del Derecho, lejos de constituirnos como una nación de vanguardia, estamos volviendo a la época de la “ley del más fuerte”. Un Estado de Derecho busca proteger a todos sus ciudadanos y, para conseguirlo, emite leyes que están por encima de la voluntad de los particulares. Así todos son iguales ante la ley. Todos: los débiles y los poderosos, los indefensos y los agresores. Quitando la voluntad de poder de los fuertes, se combate la “ley de la selva”. Una legislación que despenaliza el aborto voluntario, está favoreciendo que haya ciudadanos que pueden decidir sobre la vida de un inocente, está estableciendo la “voluntad de poder”. Si los legisladores del Distrito Federal aprueban esta ley, democráticamente habrán acabado con el Estado de Derecho, y habrán implantado la ley del más fuerte.

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Los otros operativos antidrogas

Luis-Fernando Valdés

Continuan los operativos antinarcóticos: desde refuerzos policiacos en algunos Estados hasta expropiaciones de vecindades en la Capital del País. Pero ¿esta movilización es lo único que hay que hacer? ¿No deberían los particulares también hacer algo desde su posición en la sociedad?
Muchas veces esperamos que la solución a los problemas que afectan a nuestra Nación se solucionen con medidas tomadas por la Autoridad. Ciertamente, en un Estado de Derecho una parte importante de la responsabilidad de los problemas sociales la tiene el Gobierno. Pero esta situación no está en conflicto con la inciativa que los ciudadanos deben tener para colaborar en la superación de situaciones de injusticia. Y, en el caso de la lucha antinarcóticos, también los particulares, como destinatarios finales de la distribución de drogas, tienen su parte de responsabilidad.
La siguiente ané dota ilustra bien que los ciudadanos juegan un papel importante en el combate a las drogas. Un ingeniero hablaba con un colega, que le comentó que de vez en cuando fumaba mariguana. El ingeniero le dijo que con esta actitud le hacía daño a todo México. “Pero si a mí no se me sube, ni me pongo violento. Además, no gasto tanto y, cuando la consumo, lo hago en mi casa”, le contestó un poco molesto su compañero de trabajo. “De acuerdo –le replicó aquél–, pero recuerda que con el dinero que pagaste, los narcos compraron las balas con las que mataron al último policía”.
El consumo personal de drogas, aunque no origine ningún conflicto, como violencia o robos, siempre conlleva una responsabilidad social. Aunque se gaste poco para conseguir la dosis de estupefacientes, ese dinero será empleado para comprar armas, pagar sicarios; esas monedas contribuirán a que muchas familias sean destruidas, decenas de personas asesinadas, y a que toda una nación sea asolada por la corrupción y la violencia.
Se trata de la aplicación de un conocido principio ético, conocido como “cooperación al mal”, que señala que es moralmente mal realizar un acto que de algún modo facilite a otro cumplir una acción inmoral. Y es que la moral no puede limitarse a un punto de vista individual, sino que es necesario que las propias acciones tengan una repercusión positiva en la sociedad.
La cooperación voluntaria al mal siempre es ilícita, porque el bien de la persona humana, que tiene una dimensión social, requiere que cada uno actúe de manera que se den las condiciones favorables para el bien de los demás. La sociabilidad tiene un sentido eminentemente positivo: debe ayudar a toda persona a vivir día a día una vida honesta.
El problema del tráfico de drogas es muy complejo. Sus causas son muy variadas: desde la pobreza extrema y la desintegración familiar hasta las luchas de poder económico y político. Pero sin duda, el consumo por parte de los particulares es un factor clave, porque es el sustento monetario de este grave conflicto social. Y precisamente en este punto está una de las claves para la lucha contra el narcotráfico.
Por eso, ningún ciudadano puede pensar que, por consumir cantidades pequeñas de droga y no hacer daño a nadie, ya está justificado. Pesa una grave responsabilidad ética en cada uso de estupefacientes, porque se trata de una cooperación directa con el narco. Ninguna persona que utilice estos enervantes puede sentirse libre de responsabilidad de la violencia que asola nuestra Patria. Asumir la responsabilidad de no consumir drogas –aunque sea en pequeñas cantidades– es el otro operativo antidrogas que hace falta implementar.

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domingo, 18 de febrero de 2007

“Turismo mortal”

Luis-Fernando Valdés

Resulta novedoso, pero ya existe una nueva modalidad para viajar. Se trata del llamado “turismo mortal”. Aunque de entrada parecería una invitación a realizar una excursión «extrema» (de muy alto riesgo) en montañas, en realidad se trata de un viaje a Suiza o a Holanda, para ingresar en hospitales donde se practica legalmente la eutanasia.
La historia de este tipo de “turismo” inicio cuando el Senado holandés aprobó en abril de 2001 la eutanasia activa, convirtiéndose en el primer país del mundo que legalizó esta práctica. Con una que ley titulada “Prueba de petición de terminación de la vida y ayuda al suicidio”, el Parlamento de ese país indicó que, en el futuro, no se podrá perseguir en los tribunales a los médicos que practiquen la eutanasia conforme a los criterios establecidos por esa ley.
La legalización de la eutanasia desembocó en un "turismo mortal", pues ahora hay viajeros de otros países que acuden a Holanda para acabar con sus vidas. En algunos países se han formado asociaciones que se dedican a organizar viajes para facilitar la eutanasia sin problemas legales ni conflictos judiciales. El "viaje a Holanda" se realiza con un riguroso cumplimiento de la ley, que raya en el fariseísmo, pues para realizar este tour es necesario aportar pruebas médicas, certificados notariales y cierta solvencia económica, puesto que el viaje comprende la asistencia hospitalaria y el funeral.
En Zurich, Suiza, existe la clínica Dignitas, bien conocida por su promoción de la eutanasia, fundada por Ludwig Minelli. Recientemente, el 27 de enero, John Elliot, que sufría de cáncer, viajó desde Australia a este hospital para recibir la eutanasia. Este caso suscitó una polémica en su país natal. Sin embargo, Minelli está haciendo una campaña en Inglaterra para conseguir que puedan acceder a la eutanasia no sólo los enfermos terminales, sino también los que padecen depresión y los que padecen trastornos mentales.
Estos hechos, protegidos por las leyes, invitan a una reflexión profunda. En el caso de la medicina, si acepta este tipo de prácticas, perderá su sentido de servicio a la vida, de ayuda a la salud, para convertirse en un instrumento de “suicidio asistido”, que es precisamente el extremo opuesto. John Wyatt, neonatólogo consultor en el University College London Hospital, al exponer su oposición a la eutanasia de recién nacidos, explicaba que «la mayoría de los doctores y profesionales de la salud creen que una vez que introduces la posibilidad de un asesinato intencional en la práctica médica, cambias la naturaleza fundamental de la medicina».
En esta reflexión también hace falta exponer una nueva visión del hombre, en la que los diversos estadios de la vida humana sean entendidos y ayudados. Desafortunadamente, en nuestra cultura parece prevalecer el pragmatismo, que justifica el empleo de cualquier medio para que el hombre prolongue su paso por las etapas más placenteras de la vida, y que acorte su estancia en los momentos de dolor. ¿No es esta concepción del hombre lo que hace que algunas personas quieran vivir como adolescente toda una vida, con miedo de llegar la edad adulta y luego a la ancianidad?
La enfermedad, el dolor, el ocaso de las facultades físicas y psicológicas son parte del camino de la existencia, y sería una peligrosa reducción sostener que sólo cuando hay plenitud de salud vale la pena vivir. Se requiere un nuevo turismo, dirigido al interior del hombre, en el que se nos enseñe a encontrar el auténtico sentido de las diversas etapas adversas de nuestra vida.

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domingo, 11 de febrero de 2007

Despedida del Nuncio Apostólico

Luis-Fernando Valdés

El pasado miércoles 7 de febrero, Mons. Giuseppe Bertello, Nuncio Apostólico de Su Santidad, se despidió de nuestro País. Tras su misión de seis años, se ganó la confianza de los católicos y el respeto de los medios de comunicación. Sin embargo, quizá no es tan conocido el papel que los nuncio desempeñan. Aprovecho esta ocasión para contarles un poco de esta figura de los legados pontificios, y presentarles algunos logros del nuncio saliente.
La Santa Sede ha mantenido desde tiempos muy remotos una amplia red diplomática. Los embajadores del Vaticano ante los Estados se cuentan entre los primeros embajadores de la historia moderna. El derecho canónico actual llama “legados” a los representantes de la Santa Sede. En una primera aproximación se pueden definir a los legados pontificios como los representantes del Romano Pontífice ante las Iglesias particulares y ante el Gobierno de un Estado.
Por eso, los legados pontificios tienen ante todo la misión de fomentar los vínculos de unidad entre la Santa Sede y las Iglesias particulares (diócesis). Y esa es actualmente la principal función de los legados pontificios. También tienen la función de representar al Papa ante los diversos Estados.
Los legados pontificios, que se denominan Nuncios, Pro-nuncios y Delegados Apostólicos, son colaboradores del Papa para resolver los graves problemas concernientes a la paz, el desarrollo, la justicia. Esta es una manifestación del interés de la Iglesia por las personas y la comunidad, siguiendo la directriz del Concilio Vaticano II, que enseña que «nada hay de verdaderamente humano que no encuentre un eco en el corazón de la Iglesia, pues ella se siente íntimamente solidaria con el género humano y su historia» (Gaudium et Spes, 1).

Este interés por el hombre se reflejó en su homilía de despedida, en la que Mons. Bertello insistió en el papel que la Iglesia puede desempeñar en servicio de la sociedad mexicana. Recordó que la Iglesia no quiere ser un factor político, pero lo que sí quiere ser y hacer es impregnar el mundo del espíritu cristiano, de modo que contribuya a la construcción de una sociedad justa, de una sociedad pacífica.
Para conseguirlo, expuso, se requiere de un espíritu de fraternidad que “no puede quedarse sólo entre nosotros, es algo que debemos repartir en la sociedad, para crear una sociedad unida, para crear una sociedad que se respete, para crear una sociedad donde los derechos de los unos no vayan en contra de los derechos de los demás sino saber encontrar también lo que significa el deber, y sobre todo, una sociedad que sea solidaria”.
A lo largo de los seis años de Mons. Bertello como Nuncio papal en nuestra Patria, hay algunos hechos destacados, como la beatificación de los mártires cristeros y el Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Guadalajara en 2004. Otro momento importante de su gestión como Legado pontificio fue la erección de nuevas Provincias eclesiásticas, por parte del Papa Benedicto XVI, lo cual permite una mejor organización de la Iglesia en México. Y por lo que toca a Querétaro, durante este periodo, dos sacerdotes de esta diócesis recibieron nombramientos episcopales: Mons. Domingo Díaz, Obispo de Tuxpan (2002) y Mons. Rogelio Cabrera, fue elevado a Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez (2006).
Al marchase, el Nuncio agradeció el gran amor que los mexicanos han demostrado por el Papa y por ser el pueblo de la Virgen de Guadalupe, y también dejó un reto para la Iglesia mexicana: la evangelización en una sociedad que cambia rápidamente.

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domingo, 4 de febrero de 2007

Los derechos de los discapacitados

Luis-Fernando Valdés

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 13 de diciembre del año pasado, la Convención sobre derechos de las personas con discapacidades, con el objetivo de mejorar el trato que recibe alrededor del 10 por ciento de la población del mundo. Este documento, que será firmado por los Estados miembros de la ONU el próximo 30 de marzo, junto con grandes beneficios contiene también importantes sombras que, paradójicamente, oscurecen los derechos que quieren salvaguardar.
El documento, adoptado por unanimidad por los 192 Estados miembros de la ONU, es el primero que propone la igualdad y respeto de los derechos de las personas discapacitadas. Además fue negociado con la mayor rapidez en la historia del derecho internacional y es el primero que surgió del cabildeo emprendido por Internet. La propuesta fue presentada en 2001 por nuestro País. Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional Contra la Discriminación, ha sido un gran impulsor de esta Convención.
Entre los aspectos positivos, que hay que elogiar, destaca el propósito de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (Artículo 1). Además, este documento propone las medidas a favor de los discapacitados, como la de “asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales” (Art. 9).
Sin embargo, a pesar de que el documento afirma que “los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás” (Art. 10), la Convención niega este derecho fundamental al tratar sobre “salud reproductiva”. En efecto, el texto indica que los Estados “proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud (…) incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva” (Art. 25). Pero no hay que perder de vista que la ONU incluye el aborto cuando utiliza los términos “planificación familiar” y “regulación de la fertilidad”, como ya hizo en sus “reservas y declaraciones de interpretación” en las Conferencias de El Cairo, sobre Población y Desarrollo (1994) y de Beijing, sobre la Mujer (1995).
El pasado 1 de febrero, la Santa Sede anunció que no firmaría esta Convención precisamente porque no queda a salvo el derecho a la vida de los no nacidos. El arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, explicó que el Vaticano se opuso a la inclusión de la frase “salud reproductiva” en el Artículo 25, “porque en algunos países los servicios de salud reproductiva incluyen el aborto, negando el derecho inherente a la vida de todo ser humano”.
Es trágico que la Convención, creada para proteger los derechos de los discapacitados de toda discriminación, niegue el derecho fundamental a la vida de las personas discapacitadas no nacidas. Sin duda, la ONU ayudará mucho a la tutela jurídica de los discapacitados, pero ¿hasta cuando organizará una Convención a favor de los no nacidos, discapacitados o no?

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