Luis-Fernando Valdés
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue su investigación para resolver la controversia constitucional que surgió con la aprobación de la Ley del aborto, por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El ministro Salvador Aguirre Anguiano citó a cinco especialista de prestigio internacional y les aplicó, a puerta cerrada, un cuestionario de 40 preguntas con el fin de obtener información científica sobre el aborto, y así elaborar su sentencia. El tipo de preguntas hace ver que el derecho tienen que recurrir no sólo a la ciencia sino también a la ética, si se quiere resolver adecuadamente el problema de la aborto.
Esta diligencia fue parte del trámite de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la reforma que despenalizó el aborto voluntario en el Distrito Federal. El ministro Aguirre Anguiano pidió sus puntos de vista a los doctores Jesús Kumate, ex secretario de Salud; María Cristina Márquez, investigadora de Embriología de la UNAM; Fabio Salamanca, jefe de la Unidad de Investigación en Genética Humana del Centro Médico Siglo XXI; Rubén Lisker, ex miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, y al doctor en bioquímica Ricardo Tapia, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
El ministro preguntó, entre otros temas, a los peritos médicos: ¿qué es la conciencia?, ¿a qué edad un lactante alcanza la autonomía nutritiva? ¿qué funciones vitales realiza un feto de 12 semanas de gestación y cuáles son sus diferencias con uno de 13 semanas? ¿un autista es humano? ¿la experiencia de dolor es una sine qua non del ser humano? ¿un paralítico cerebral sin autonomía alimentaria es humano?
Estas preguntas conducen hacia el tema del inicio de la vida, que es la clave para el juicio de anticonstitucionalidad, ya que la definición de embarazo determinada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la reforma al Código Penal afirma que “el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio". En otras palabras, para la ALDF, el embarazo no inicia con la concepción. En cambio la jurisprudencia emitida en 2002 por la Suprema Corte señala que la Constitución protege la vida "desde la concepción".
El cuestionario busca confrontar los datos científicos que prueben o nieguen que desde la concepción se genera un ser independiente y único, que tiene una vida autónoma y que, a pesar de no poder valerse por sí mismo, no pierde su condición humana. Pero los datos meramente científicos poco pueden aportar al derecho. No basta que la embriología afirme que hay genes humanos en el cigoto, antes de la anidación. Hace falta una visión moral, que lleve a interpretar ese dato: que en ese cigoto ya hay vida humana, que ya es un ser humano, y por eso un sujeto de derechos que se debe respetar.
Cuando la ALDF afirma que el “embarazo” inicia en la implantación, está empleando un sofisma. Toma una de las etapas del desarrollo embrionario, y declara que ahí inicia el embarazo. ¿Por qué no declarar que inicia en la primera etapa, cuando se unen los gametos? ¿O en la última, cuando el embrión ya está totalmente formado? El sofisma consiste en tomar un dato científico, y arbitrariamente hacer una consideración ética: “antes no es humano”. Por eso, no basta el mero dato biológico, sino que siempre se debe armonizar con el dato ético, y éste debe ser protegido por el ordenamiento jurídico.
Correo: lfvaldes@prodigy.net.mx
Luis-Fernando Valdés López, sacerdote y teólogo, comenta noticias destacadas de la semana, con un enfoque humanista, desde la razón creyente.
domingo, 26 de agosto de 2007
domingo, 19 de agosto de 2007
Educación sexual ¿derecho de los padres?
Luis-Fernando Valdés
De vuelta a la escuela, envueltos en polémicas. En esta semana que inicia, los estudiantes de Secundaria recibirán sus libros nuevos y, entre ellos, el de Biología I, que incluye temas de educación sexual. Por una parte, el miércoles pasado (15.VIII.07) la Unión Nacional de Padres de Familia manifestó su desacuerdo con estos nuevos textos. Y por otra, la Secretaría de Educación del Distrito Federal anunció antier (17.VIII.07) que en tres semanas distribuirá un libro sobre sexualidad con autorización o no de la SEP. De esta manera ha vuelto a surgir una dialéctica entre los padres de familia y el Estado sobre la educación de los hijos. ¿Quién tiene verdadero derecho a educar a los mexicanos: sus progenitores o el Estado?
Ante los declaraciones de padres de familia incorfomes, ha surgido algunas voces que han intentado descalificarlos, tildándolos de cerrados. Y estas opiniones han eclipsado el problema de fondo. El tema central de la educación sexual radica en quién posee el derecho a la educación de los hijos, no en la apertura o cerrazón de los padres respecto al sexo.
Los padres de familia son los titulares del derecho a educar a sus hijos según sus convicciones. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por nuestro País, en su artículo 26, que indica que “toda persona tiene derecho a la educación”, y que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. En primer lugar, esta Declaración afirma la primacía de los padres en el ejercicio del derecho del que son titulares: son ellos y o el Estado, otras entidades, o terceras personas quienes pueden decidir preferentemente el tipo de educación que quieren para sus hijos. Cuando se habla de “tipo de educación”, el artículo 26 no se refiere sólo a las diversas opciones pedagógicas, sino también a sistemas educativos completos fundamentados en una determinada concepción filosófica, ideológica o religiosa de la realidad. En este sentido, se puede hablar de una educación diferenciada o mixta, y también a una educación cristiana, laica o neutra, atea, islámica, etc.
La educación no es un derecho del Estado. Cuando éste asume la carga de facilitar la enseñanza a la generalidad de los ciudadanos, no puede asegurar la oferta de todos los posibles tipos de educación demandados por los padres. Por eso, resulta necesario reconocer la enseñanza privada que ofrezca los distintos modelos que educación que solicitan los progenitores. Pero como la educación privada no es económicamente accesible a la mayoría de los ciudadanos, el Estado debe garantizar en su sistema educativo una educación “neutra” desde el punto de vista religioso e ideológico, para salvaguardar el pluralismo de la sociedad, y respetar las convicciones de los padres sobre el tipo de enseñanza que desean para sus hijos.
Cuando la educación sexual se propone dentro de una dialéctica entre ideologías, de modo casi imperceptible se atropella un derecho fundamental: el de la educación. Cuando el Estado elige, sin consultar a los padres de familia, qué tipo de educación sexual impartir, empobrece nivel cultural del País, porque conclucar un derecho básico es propio de una sociedad inculta. Por eso, imponer la educación sexual, incluso a nombre de la ciencia, es opuesto al Estado de derecho. Qué paradója: para hacer de México una nación más democrática se promueve una educación sexual liberal, pero se niega a sus ciudadanos un derecho fundamental.
Correo: lfvaldes@prodigy.net.mx
De vuelta a la escuela, envueltos en polémicas. En esta semana que inicia, los estudiantes de Secundaria recibirán sus libros nuevos y, entre ellos, el de Biología I, que incluye temas de educación sexual. Por una parte, el miércoles pasado (15.VIII.07) la Unión Nacional de Padres de Familia manifestó su desacuerdo con estos nuevos textos. Y por otra, la Secretaría de Educación del Distrito Federal anunció antier (17.VIII.07) que en tres semanas distribuirá un libro sobre sexualidad con autorización o no de la SEP. De esta manera ha vuelto a surgir una dialéctica entre los padres de familia y el Estado sobre la educación de los hijos. ¿Quién tiene verdadero derecho a educar a los mexicanos: sus progenitores o el Estado?
Ante los declaraciones de padres de familia incorfomes, ha surgido algunas voces que han intentado descalificarlos, tildándolos de cerrados. Y estas opiniones han eclipsado el problema de fondo. El tema central de la educación sexual radica en quién posee el derecho a la educación de los hijos, no en la apertura o cerrazón de los padres respecto al sexo.
Los padres de familia son los titulares del derecho a educar a sus hijos según sus convicciones. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por nuestro País, en su artículo 26, que indica que “toda persona tiene derecho a la educación”, y que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. En primer lugar, esta Declaración afirma la primacía de los padres en el ejercicio del derecho del que son titulares: son ellos y o el Estado, otras entidades, o terceras personas quienes pueden decidir preferentemente el tipo de educación que quieren para sus hijos. Cuando se habla de “tipo de educación”, el artículo 26 no se refiere sólo a las diversas opciones pedagógicas, sino también a sistemas educativos completos fundamentados en una determinada concepción filosófica, ideológica o religiosa de la realidad. En este sentido, se puede hablar de una educación diferenciada o mixta, y también a una educación cristiana, laica o neutra, atea, islámica, etc.
La educación no es un derecho del Estado. Cuando éste asume la carga de facilitar la enseñanza a la generalidad de los ciudadanos, no puede asegurar la oferta de todos los posibles tipos de educación demandados por los padres. Por eso, resulta necesario reconocer la enseñanza privada que ofrezca los distintos modelos que educación que solicitan los progenitores. Pero como la educación privada no es económicamente accesible a la mayoría de los ciudadanos, el Estado debe garantizar en su sistema educativo una educación “neutra” desde el punto de vista religioso e ideológico, para salvaguardar el pluralismo de la sociedad, y respetar las convicciones de los padres sobre el tipo de enseñanza que desean para sus hijos.
Cuando la educación sexual se propone dentro de una dialéctica entre ideologías, de modo casi imperceptible se atropella un derecho fundamental: el de la educación. Cuando el Estado elige, sin consultar a los padres de familia, qué tipo de educación sexual impartir, empobrece nivel cultural del País, porque conclucar un derecho básico es propio de una sociedad inculta. Por eso, imponer la educación sexual, incluso a nombre de la ciencia, es opuesto al Estado de derecho. Qué paradója: para hacer de México una nación más democrática se promueve una educación sexual liberal, pero se niega a sus ciudadanos un derecho fundamental.
Correo: lfvaldes@prodigy.net.mx
domingo, 12 de agosto de 2007
Mineros atrapados: los nuevos héroes
Luis-Fernando Valdés
Otra tragedia ocurrida a mexicanos migrantes. Aún teníamos en la mente a Artemio Trinidad Mena, guerrerense fallecido en el desplome de un puente de Minneapolis, Minnesota (EUA), cuando un derrumbe en la mina Crandall Canyon (Huntington, Utah, EUA) dejó atrapados a tres compatriotas nuestros, el pasado lunes 6 de este mes. Seguramente, hay centenares de mexicanos migrantes que sufren o mueren sin que nadie lo sepa, pero es muy importante que la opinión pública de ambos países ya cobre conciencia del drama en que viven millares de empleados ilegales. Por eso, las víctimas de Huntington nos dejan un valioso legado.
En la comunicación de masas, ocurre a veces que la percepción de una persona o de un grupo se polariza. Así, casi inevitablemente los políticos son relacionados con algún extremo: “izquierda” o “derecha”. Lo mismo ocurre con los migrantes, que pueden ser calificados fácilmente como un “problema”, una “crisis”, una “cuestión de seguridad nacional”, de modo que los trabajadores ilegales pueden ser percibidos como “gente mala” o “indeseada”.
Una mala imagen pública de los empleados ilegales puede justificar, ante los votantes, que se tomen medidas cada vez más duras contra los “espaldas mojadas”. También mediante este mismo fenómeno de opinión, se justifican a sí mismos las asociaciones de “cazamigrantes”, como “Minuteman”, que actúan como grupos para-policiales, para detener a los que atraviesan ilegalmente la frontera norteamericana. Se trata de un sofisma: como los migrantes son los “malos”, quienes los atrapan –del modo que sea– son los “buenos”.
Sin embargo, esta reciente tragedia de los mineros atrapados en UTA puede cambiar la percepción pública de los trabajadores indocumentados. En estos días, los pobladores de Huntington han salido a las calles para manifestar su solidaridad hacia los seis mineros atrapados, incluidos los tres mexicanos. Una ciudadana de la localidad afirmó que consideraba a esos tres migrantes como “gente de nuestra comunidad, porque ya son parte de nuestra historia”.
Además, un buen grupo de habitantes de Huntington ha acudido a las iglesias locales para rezar por los trabajadores atrapados en la mina. “Rezo por ellos todo el tiempo”, declaró una vecina de la comunidad, que conoce a dos de esos compatriotas nuestros. Y afirmó que ellos “han sido gente honesta y trabajadora, que paga sus factura a tiempo”. Ante esta tragedia, a la gente de Huntington no parece importarle que los mineros pudieran ser indocumentados. “No es su culpa”, aseguran, sino de los gobiernos de Estados Unidos y México. Curiosamente, esta situación de solidaridad coincide con el endurecimiento de medidas migratorias reveladas el pasado viernes, en un intento por enfrentar la contratación de indocumentados.
Deseamos que todos los esfuerzos para el rescate consigan llegar a tiempo hasta los mineros. Aunque las esperanzas de vida son escasas, el logro de estos tres migrantes ya es grande. Desde la oscuridad de la mina, estos tres mexicanos han hecho ver a la opinión pública que los trabajadores ilegales no son “los malos”, sino gente normal, que interactúa bien con los ciudadanos americanos, y que se han ganado la confianza de sus vecinos. Desde la soledad de los derrumbes, estos mineros nos dan una lección: todos podremos ayudar mucho a los migrantes, si contribuimos a difundir las historias de sacrificio y honestidad de nuestros paisanos, si damos a conocer las buenas noticias que muestran el lado humano, el rostro amable de los migrantes.
Correo: lfvaldes@prodigy.net.mx
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Otra tragedia ocurrida a mexicanos migrantes. Aún teníamos en la mente a Artemio Trinidad Mena, guerrerense fallecido en el desplome de un puente de Minneapolis, Minnesota (EUA), cuando un derrumbe en la mina Crandall Canyon (Huntington, Utah, EUA) dejó atrapados a tres compatriotas nuestros, el pasado lunes 6 de este mes. Seguramente, hay centenares de mexicanos migrantes que sufren o mueren sin que nadie lo sepa, pero es muy importante que la opinión pública de ambos países ya cobre conciencia del drama en que viven millares de empleados ilegales. Por eso, las víctimas de Huntington nos dejan un valioso legado.
En la comunicación de masas, ocurre a veces que la percepción de una persona o de un grupo se polariza. Así, casi inevitablemente los políticos son relacionados con algún extremo: “izquierda” o “derecha”. Lo mismo ocurre con los migrantes, que pueden ser calificados fácilmente como un “problema”, una “crisis”, una “cuestión de seguridad nacional”, de modo que los trabajadores ilegales pueden ser percibidos como “gente mala” o “indeseada”.
Una mala imagen pública de los empleados ilegales puede justificar, ante los votantes, que se tomen medidas cada vez más duras contra los “espaldas mojadas”. También mediante este mismo fenómeno de opinión, se justifican a sí mismos las asociaciones de “cazamigrantes”, como “Minuteman”, que actúan como grupos para-policiales, para detener a los que atraviesan ilegalmente la frontera norteamericana. Se trata de un sofisma: como los migrantes son los “malos”, quienes los atrapan –del modo que sea– son los “buenos”.
Sin embargo, esta reciente tragedia de los mineros atrapados en UTA puede cambiar la percepción pública de los trabajadores indocumentados. En estos días, los pobladores de Huntington han salido a las calles para manifestar su solidaridad hacia los seis mineros atrapados, incluidos los tres mexicanos. Una ciudadana de la localidad afirmó que consideraba a esos tres migrantes como “gente de nuestra comunidad, porque ya son parte de nuestra historia”.
Además, un buen grupo de habitantes de Huntington ha acudido a las iglesias locales para rezar por los trabajadores atrapados en la mina. “Rezo por ellos todo el tiempo”, declaró una vecina de la comunidad, que conoce a dos de esos compatriotas nuestros. Y afirmó que ellos “han sido gente honesta y trabajadora, que paga sus factura a tiempo”. Ante esta tragedia, a la gente de Huntington no parece importarle que los mineros pudieran ser indocumentados. “No es su culpa”, aseguran, sino de los gobiernos de Estados Unidos y México. Curiosamente, esta situación de solidaridad coincide con el endurecimiento de medidas migratorias reveladas el pasado viernes, en un intento por enfrentar la contratación de indocumentados.
Deseamos que todos los esfuerzos para el rescate consigan llegar a tiempo hasta los mineros. Aunque las esperanzas de vida son escasas, el logro de estos tres migrantes ya es grande. Desde la oscuridad de la mina, estos tres mexicanos han hecho ver a la opinión pública que los trabajadores ilegales no son “los malos”, sino gente normal, que interactúa bien con los ciudadanos americanos, y que se han ganado la confianza de sus vecinos. Desde la soledad de los derrumbes, estos mineros nos dan una lección: todos podremos ayudar mucho a los migrantes, si contribuimos a difundir las historias de sacrificio y honestidad de nuestros paisanos, si damos a conocer las buenas noticias que muestran el lado humano, el rostro amable de los migrantes.
Correo: lfvaldes@prodigy.net.mx
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domingo, 5 de agosto de 2007
Puentes derrumbados: las familias migrantes
Luis-Fernando Valdés
Esta semana nos conmovió por la muerte de Artemio Trinidad Mena (q.e.p.d), cuando se derrumbó un puente interestatal sobre el Río Mississippi, en Minneapolis (EUA), el 1 de agosto pasado. Se trata de un trabajador ilegal de origen mexicano, que dejó su familia en el Estado de Guerrero. Su viuda ha intentado, con escasez de medios, traer de vuelta a México el cuerpo de su marido. Hemos sido testigos no sólo del desplome de un puente para autos, sino también de la rotura de los puentes que unen a las familias de los migrantes.
Las noticias del pasado viernes nos presentaban la dura situación de la viuda del migrante fallecido. La Sra. Abundia Martínez Martínez contó a los medios que tenían cuatro hijos, de 9, 7 y 3 años, más una bebita de dos meses. Dijo también que su esposo llevaba ya diez años yendo a trabajar a Estados Unidos, y que ella apenas llevaba un año acompañándolo en el vecino país. Lo más dramático quizá es que los tres niños mayores viven con su abuela paterna en Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.
Además de solidarizarnos con los familiares de nuestro compatriota, debemos reflexionar sobre la situación de las familias migrantes. Los hechos diarios parecen indicar que por el hecho de cruzar ilegalmente la frontera norte, las personas pierden su dignidad y tienen que sobrevivir a cualquier precio, incluido el de privarse de su familia. Pero en realidad, no debe ser así, porque los migrantes conservan siempre sus derechos humanos.
Tomemos como punto de partida para nuestra reflexión la “Carta de los derechos de las familias”, publicada por la Santa Sede, el 22 de octubre de 1983. Ese documento no es un tratado de teología, ni un código de conducta, ni tampoco una simple declaración de principios teóricos sobre la familia; más bien se trata de una formulación muy completa y ordenada de los derechos fundamentales inherentes a la familia, dirigida tanto a creyentes como no creyentes.
En el artículo 12 de ese documento, se propone a los Gobiernos de cada nación, que las familias de emigrantes “tienen derecho a la misma protección que se da a las otras familias”. Por esa razón, “los trabajadores emigrantes tienen el derecho de ver reunida su familia lo antes posible”, lo mismo que “los refugiados tienen derecho a la asistencia de las autoridades públicas y de las organizaciones internacionales que les facilite la reunión de sus familias”.
Si observamos atentamente, lo que dificulta que las familias de los migrantes vivan juntas es que este tema se enfoca con una óptica de economía y de política migratoria, pero no se considera como un problema de derechos humanos. Los gobiernos tienen que prever que la migración no se convierta en un problema de seguridad nacional, pero a la vez deben afrontar el costo social de las familias separadas: p. ej. el conyúge migrante puede fundar una nueva familia que quizá después puede abandonar al volver a su país de origen, y esto generará más familias disfuncionales, lo que a su vez es un factor de riesgo para la seguridad de una ciudad, etc.
Una vez más, tuvo que ocurrir una tragedia, para que pusiéramos nuestra atención en las familias separadas por la migración. Esta problemática atenta contra los derechos humanos. Esta situación es más peligrosa que el calentamiento de la Tierra, porque sin familias estables una sociedad está en riesgo de colapsar. ¿Habrá que esperar a que sigan cayendo puentes sobre los ríos, para cobrar conciencia de que es importante ayudar a que las familias de los migrantes vivan juntas?
Correo: lfvaldes@prodigy.net.mx
Esta semana nos conmovió por la muerte de Artemio Trinidad Mena (q.e.p.d), cuando se derrumbó un puente interestatal sobre el Río Mississippi, en Minneapolis (EUA), el 1 de agosto pasado. Se trata de un trabajador ilegal de origen mexicano, que dejó su familia en el Estado de Guerrero. Su viuda ha intentado, con escasez de medios, traer de vuelta a México el cuerpo de su marido. Hemos sido testigos no sólo del desplome de un puente para autos, sino también de la rotura de los puentes que unen a las familias de los migrantes.
Las noticias del pasado viernes nos presentaban la dura situación de la viuda del migrante fallecido. La Sra. Abundia Martínez Martínez contó a los medios que tenían cuatro hijos, de 9, 7 y 3 años, más una bebita de dos meses. Dijo también que su esposo llevaba ya diez años yendo a trabajar a Estados Unidos, y que ella apenas llevaba un año acompañándolo en el vecino país. Lo más dramático quizá es que los tres niños mayores viven con su abuela paterna en Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.
Además de solidarizarnos con los familiares de nuestro compatriota, debemos reflexionar sobre la situación de las familias migrantes. Los hechos diarios parecen indicar que por el hecho de cruzar ilegalmente la frontera norte, las personas pierden su dignidad y tienen que sobrevivir a cualquier precio, incluido el de privarse de su familia. Pero en realidad, no debe ser así, porque los migrantes conservan siempre sus derechos humanos.
Tomemos como punto de partida para nuestra reflexión la “Carta de los derechos de las familias”, publicada por la Santa Sede, el 22 de octubre de 1983. Ese documento no es un tratado de teología, ni un código de conducta, ni tampoco una simple declaración de principios teóricos sobre la familia; más bien se trata de una formulación muy completa y ordenada de los derechos fundamentales inherentes a la familia, dirigida tanto a creyentes como no creyentes.
En el artículo 12 de ese documento, se propone a los Gobiernos de cada nación, que las familias de emigrantes “tienen derecho a la misma protección que se da a las otras familias”. Por esa razón, “los trabajadores emigrantes tienen el derecho de ver reunida su familia lo antes posible”, lo mismo que “los refugiados tienen derecho a la asistencia de las autoridades públicas y de las organizaciones internacionales que les facilite la reunión de sus familias”.
Si observamos atentamente, lo que dificulta que las familias de los migrantes vivan juntas es que este tema se enfoca con una óptica de economía y de política migratoria, pero no se considera como un problema de derechos humanos. Los gobiernos tienen que prever que la migración no se convierta en un problema de seguridad nacional, pero a la vez deben afrontar el costo social de las familias separadas: p. ej. el conyúge migrante puede fundar una nueva familia que quizá después puede abandonar al volver a su país de origen, y esto generará más familias disfuncionales, lo que a su vez es un factor de riesgo para la seguridad de una ciudad, etc.
Una vez más, tuvo que ocurrir una tragedia, para que pusiéramos nuestra atención en las familias separadas por la migración. Esta problemática atenta contra los derechos humanos. Esta situación es más peligrosa que el calentamiento de la Tierra, porque sin familias estables una sociedad está en riesgo de colapsar. ¿Habrá que esperar a que sigan cayendo puentes sobre los ríos, para cobrar conciencia de que es importante ayudar a que las familias de los migrantes vivan juntas?
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