CNDH y aborto: ¿derecho o manipulación?

Luis-Fernando Valdés
Publicado en el periódico «A.M.» (Quéretaro), 3.VI.2007, sec. B, p. 10.

Sigue muy vivo el debate en torno a la despenalización del aborto en la Ciudad de México. El tema se reencendió ahora por la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando su Presidente, José Luis Soberanes, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las reacciones han sido muy vivas, y en el ánimo de muchos se formó la opinión de que el ombudsman estaba dando más peso a motivos de su propia conciencia que al derecho de las mujeres. ¿Este recurso obedece o no a verdaderas razones jurídicas? ¿Estamos ante una causa legal o se trata de una estrategia de presión?
Resulta muy curioso que ante un asunto plenamente jurídico, como es poner un recurso ante la SCJN, la opinión pública se divida. Pero más sorprendente resulta aún que muchos empiecen a especular con las motivaciones de esa acción. De modo que, sin traer al debate los argumentos propuestos por la CNDH, algunos hacen valoraciones que rozan en el juicio temerario. Por eso, veamos cuál es la problemática jurídica subyacente y que ha quedado oculta en este mar de opiniones.
La CNDH y la PGR impugnaron las reformas sobre el aborto recientemente aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF, en base a dos criterios jurisprudenciales en los que la propia Suprema Corte ha establecido, por una parte, que la Constitución Federal protege la vida y, por otra, que esta protección comienza desde el momento de la concepción. Esto significa que ambas instituciones no están proponiendo un boicot a la ley del aborto, sino planteando que esa ley se contrapone a lo que tutela la Constitución Política de nuestro País.
No se trata pues, de argumentos sentimentales, o de la conciencia de una sola persona. Ni tampoco es el caso que se esté privando de un derecho a las mujeres. Más bien, estamos ante una situación en la que parecen oponerse el derecho a la vida del concebido no nacido y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. La doctrina jurídica denomina como colisión o choque de derechos a las situaciones y casos concretos en los que están en juego derechos de diversas personas o titulares.
Hay un problema jurídico real, por encima de las opiniones tanto de los partidarios de la ley del aborto como de los que están a favor de la vida. Y, en nuestra Nación, hay un organismo encargado de dirimir estas controversias. De modo que lo normal en un país democrático es que el máximo tribunal reciba las diversas demandas, y establezca cuáles leyes están de acuerdo con los principios de nuestra Carta Magna.
Toda persona que se considere democrática debe saber que, en nuestro estado de derecho, es la Suprema Corte de Justicia la que interpreta autorizadamente lo que establece la Constitución, y la que tiene la autoridad para imponer sus resoluciones a todos los mexicanos. Sin embargo, en el apasionamiento del debate sobre el aborto, muchos pierden de vista estos principios jurídicos, y pretenden imponer su criterio personal o descalificar a los que no comparten sus opiniones.
Hoy más que nunca, necesitamos ciudadanos con auténtico criterio, con un verdadero juicio crítico, que sepan distinguir entre los principios jurídicos que fundamentan nuestra democracia y las meras opiniones personales, a veces demagógicas. Nos guste o no, en sistemas jurídicos como el nuestro, la última palabra sobre la despenalización del aborto en el DF ya no la tienen los legisladores, sino los jueces constitucionales.
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