El Estado de Arizona (EUA) aprobó recientemente la Ley de Inmigración SB1070, promovida por la Gobernadora Jan Brewer, que autoriza a las autoridades policiacas a detener a cualquier sospecho de ser un inmigrante ilegal (23.IV.2010). Esta iniciativa, conocida ya como “la legislación más dura de la nación (norteamericana)”, autoriza que la policía pueda interrogar a quien sea, si sospecha que reside ilegalmente en ese país. La simple apariencia de ser latino es suficiente para ser considerado como ilegal: ¿a esto lleva la democracia?
Las protestas dentro y fuera de la Unión americana no se han hecho esperar. Las autoridades y el Senado mexicanos han manifestado su inconformidad, mientras que otras entidades federativas de Estados Unidos, como California y Texas han declarado su desacuerdo con esta medida adoptada en Arizona. Y, en ambos países, diversas organizaciones han pedido un boicot contra ese Estado.
Por su parte, Arizona recientemente ha intentado atenuar la nueva ley, con unas enmiendas al texto aprobado. Sin embargo, la policía del condado de Maricopa (que incluye a Phoenix, capital de ese Estado) han iniciado ya una serie de redadas para arrestar a los migrantes ilegales.
Ante esta situación, que amenaza con ser permanente, ¿qué hay que decir desde el punto de vista de la democracia y de los derechos del hombre?
Iniciemos por hablar de la “Carta democrática interamericana”, firmada por los Países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), fechada simbólicamente el 11 de septiembre de 2001. Este documento otorga a los gobiernos del continente (incluidos los Estados Unidos) una guía acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros, entre los cuales se cuenta la discriminación.
Esta Carta señala “el respeto de los derechos humanos” como el primero de los “elementos esenciales de la democracia” (art. 3). Y, a la vez, sostiene que la “democracia es indispensable para el ejercicio efectivo (…) de los derechos humanos” (art. 7). Entonces, si se atenta contra un derecho humano, se atropella la democracia.
Por eso, este tratado internacional considera que “la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial” contribuye “al fortalecimiento de la democracia” (art. 10).
Y en el caso de Arizona, su Constitución local ha caído en una clara forma de discriminación, y por tanto, está atentando contra la democracia. No es nuevo que “democráticamente” (por mayoría de votos) un estado o una nación aprueben una ley que viola los derechos humanos y atropella la democracia. En las elecciones de la Alemania de 1933, los ciudadanos votaron por el partido nacional-socialista, y días más tarde Hitler fue nombrado Canciller (Primer Ministro), el cual convertido en dictador inició la Segunda Guerra Mundial y ordenó el Holocausto de los judíos.
El caso de la Ley SB1070 nos sitúa frente a los límites mismos de la democracia. Este sistema no es absoluto, pues está en función del ser humano y sus derechos fundamentales. Cuando se reduce la democracia al ejercicio de votar, cuando se piensa que el voto de la mayoría convierte en verdadera o buena una decisión, se corre el gran riesgo de una tiranía disfrazada.
Si la dignidad humana no está por encima de los votos, terminaremos por votar que un grupo particular de seres humanos –los inválidos, los no-nacidos, los inmigrantes– sea eliminado. La verdadera democracia es la que tutela a todo ser humano, sin discriminación.
Correo: lfvaldes@gmail.com
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