Migrantes: ¿oro o plomo?

Adolescentes lloran la muerte de Sergio Adrián Hernández Huereca
en el Puente Internacional Paso del Norte, Ciudad Juárez. (Foto: AP)

Luis-Fernando Valdés

La crisis económica sigue empujando a muchos jóvenes a cruzar la frontera norte en búsqueda de oportunidades. Van por el oro de una ilusión de dólares. Pero, con frecuencia lo que encuentran es el plomo de la explotación… y también de las balas. Así fue el caso de Anastasio Hernández Rojas y Sergio Adrián Hernández, muertos a manos de agentes fronterizos. ¿Fueron homicidios o legítima defensa?

Anastasio tenía 32 años y llevaba ya 20 viviendo en el sur de California, era padre de cinco hijos, los cuales nacieron en territorio estadounidense, y se dedicaba a la limpieza de albercas y a la industria de la construcción.

El pasado viernes 28 de mayo, Hernández Rojas fue detenido por carecer de documentos migratorios. Varios agentes de la Patrulla Fronteriza lo golpearon y le aplicaron choques con pistolas eléctricas, en la garita internacional de San Ysidro-Tijuana. Como consecuencia de esta lesiones Anastasio murió tres días después.

Plomo y no oro fue lo que encontró Sergio Adrián Hernández Huereca, estudiante de 14 años, quien fue asesinado por un policía de la Border Patrol, bajo el llamado “puente negro” de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Junto con otros jóvenes Sergio Adrián se había pasado al otro lado de la frontera, y fueron sorprendidos por los policías fronterizos. Los agentes persiguieron a los muchachos hasta territorio mexicano, y accionaron sus armas de fuego.

La muerte de ambos compatriotas fue captada en video. Por eso, los dos crímenes han sido objeto de debate en la opinión pública. Tanto las familias de los difuntos como el Gobierno mexicano, y también legisladores de ambos países (durante la 49ª reunión interparlamentaria) han condenado los hechos y han pedido justicia.

Sin embargo, la situación de fondo seguirá sin arreglo, aun cuando sentenciaran a los agresores. Hace falta que se reconsidere la figura de los migrantes. Es necesario reconocer que cada migrante –sin importar su nación y cultura de origen, ni su situación cultural o económica– es una persona, sujeto de dignidad y titular de derechos humanos, previos a cualquier legislación.

En la comprensión actual de los migrantes, parecería que un hombre o una mujer, por el hecho de salir de su patria para buscar un mejor futuro, ya hubiera perdido su dignidad y sus derechos, y pudiera ser maltratados, explotados o agredidos.

Pero ese mal concepto del migrante ha llegado a un nivel más bajo todavía, pues no pocos consideran al inmigrantes como un agresor, como una especie de invasor bárbaro. Y una vez etiquetado como “invasor”, el siguiente paso es casi automático: ahora es un “enemigo” al cual hay que rechazar o incluso eliminar. Y entonces se considera que atacar a un migrante es un derecho, similar a matar en legítima defensa.

Es un gran engaño presentar la agresión a un desarmado como legítima defensa. Por ahí también se puede disfrazar la discriminación con vestidos de justicia. La clave para entender la muerte en legítima defensa radica en la “proporción”: la violencia en el acto defensivo tiene como finalidad someter al agresor, y debe ser proporcionada a la violencia que éste presente. Así, a un hombre desarmado no se le puede abatir a balazos, pues puede ser sometido sin necesidad de quitarle la vida.

El sueño de oro de cruzar la frontera norteamericana seguirá convirtiéndose en plomo de persecución y de explotación, mientras no reconozcamos desde nuestra propia frontera la dignidad de los migrantes, y no exijamos que sean reconocidos sus derechos.

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