SB1070: una protección que atropella

Luis-Fernando Valdés

Se ha iniciado una batalla legal en Estados Unidos, entre el Gobierno Federal y el Estado de Arizona, sobre la Ley de migración SB1070. El Gobierno estatal argumenta la necesidad de seguridad en su frontera y la Administración Obama busca quitar las medidas racistas de esa ley. Entonces, ¿la seguridad está enfrentada a los derechos humanos?

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Susan Bolton, jueza federal, suspendió la aplicación de la parte 

polémica de la Ley de migración del Estado de Arizona

La jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, suspendió temporalmente la entrada en vigor de las secciones más polémicas de la Ley SB1070 que han despertado polémica (28.VII.2010). La sección 2 obliga a las policías locales a determinar el estatus migratorio de una persona si existe una “sospecha razonable”, y la sección 3 establece un sistema de control migratorio por parte de las autoridades estatales, paralelo a las agencias de migración ya existentes.

La decisión de la jueza suspende la facultad que esa Ley concedía a la policía de revisar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de encontrarse ilegalmente en ese país. Además, frenó las disposiciones de la ley que convertían en crimen tanto no portar documentos migratorios, como que los migrantes ilegales solicitaran trabajo o lo realizaran.

Esas dos polémicas medidas, ahora suspendidas mientras se determina la constitucionalidad de esa Ley, atentan contra los Derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos humanos (10.XII.1948) establece, en el Artículo 9, que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

La SB1070 claramente da pie a que, bajo el pretexto de una “sospecha razonable”, se encubra una actuación policial que puede detener arbitrariamente a cualquier “sospechoso de ser migrante ilegal”. Esta misma situación empujaría a la discriminación racial, pues se podría detener a cualquier que, por el color de su piel, parezca migrante. Es decir, el aspecto latino o asiático sería suficiente motivo para detener a una persona y darle el trato de “sospechosa”.

El Artículo 13 de la Declaración universal sanciona, en § 1, que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y en el § 2, se afirma que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

De esta manera se garantiza la libertad de tránsito. En la práctica, sólo se exige el pasaporte cuando una persona ingresa a un territorio extranjero; y después esta persona puede transitar por un país sin necesidad de mostrar el visado. La SB1070, al exigir que todos lleven sus documentos en todo momento, está criminalizando a la misma libertad de tránsito.

Aunque es muy comprensible que Arizona busque proteger su frontera de la incursión de traficantes de droga, y que desee controlar el flujo de migrantes ilegales, los medios que propone, a través de esta Ley de migración, no son los adecuados, porque pasa por encima de los Derechos humanos.

Es importante que se haya suspendido la parte discriminatoria de la SB1070, pero ahí no puede terminar esta contienda jurídica. Estados Unidos necesita una nueva ley federal sobre migración, que permita acoger a los migrantes e integrarlos a la vida social de esa nación, sin limitarse a introducirlos utilitariamente en su sistema económico.

Además, la buena solución a este conflicto legal sentará un precedente en el que se establecerá si es posible o no, asegurar la seguridad pública de un modo armónico con los Derechos humanos. Mientras tanto la moneda del respeto a los migrantes sigue en el aire.

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