domingo, 29 de agosto de 2010

Masacre: cifras sin sentido


 Vista aérea del lugar donde fueron hayados los cuerpos de lo 72 migrantes, 
en San Fernando, Tamaulipas.  


Luis-Fernando Valdés

La opinión pública internacional se conmocionó con la noticia: 72 migrantes sudamericanos fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas (24.VIII.2010), por no llevar consigo dinero para pagar la extorsión de un grupo armado. ¿En qué radica que este atentado sea noticia? ¿En que fueron 72 víctimas? ¿En que eran migrantes?
Desde hace cuatro años, diariamente escuchamos y leemos las noticias del parte de guerra. Palabras como “ejecutados”, “levantados”, “encobijados”, “decapitados”, “torturados” y “secuestrados” han dejado de tener impacto, porque nos hemos acostumbrado a convivir con esas tristes realidades. Y casi lo único que despierta nuestra atención es que eso le ocurra a un personaje destacado (un político, un alto mando policial…), o bien, que eso le suceda simultáneamente a un grupo numeroso de personas.
Las noticias policíacas no suelen enfatizar el atropello a la libertad y a la vida de las víctimas, sino el morbo de las cifras. Pensemos lo grotesco de esta situación: cada semana mueren decenas por la guerra del narcotráfico, pero como son asesinadas en momentos y en escenario distintos no pasan de ser un nota sin importancia; en cambio, si los asesinan simultáneamente y en gran volumen se convierten en noticia destacada.
Cifras y más cifras, recopiladas en estadísticas. Se forma así un velo que nos aleja del núcleo del problema, porque los datos siempre deben ser interpretados, es decir, se debe encontrar su sentido. Las cifras recibidas asépticamente no transmiten sentido y, por eso, generan desesperanza.
Hay que ir más allá de las cifras, y llegar al ser humano que está detrás de esos números. Si perdemos de vista que se trata de personas, cada una de ellas irrepetible, entonces nos acostumbraremos también a las “masacres”, e incluso podremos llegar a la aberración de comentar con frialdad e indiferencia: “¿fueron sólo 20?”, “¿nada más 15?”
En ocasiones, algunos piensan que el problema de la opinión pública son los medios, pues son los que dan a conocer los hechos violentos. Ciertamente, los medios deben guiarse por un código de ética, pero ante todo, somos los ciudadanos los que debemos tener madurez de juicio y un exquisito sentido crítico, de modo que sepamos descubrir lo que está atrás de los números.
En esta gran tragedia de la localidad de San Fernando, hubo un sobreviviente que narró las circunstancias del suceso, y esto nos permite ver por encima de los datos. Por él sabemos que, cuando los captores vieron que los migrantes no tenían dinero, les ofrecieron incorporarse a sus filas, con un sueldo muy alto. Como los secuestrados rechazaron la propuesta, fueron asesinados a sangre fría.
Más allá de las cifras, encontramos el lado verdaderamente humano: estas personas tuvieron el valor de decir que no, a pesar de las amenazas y de la coacción, y pagaron con sus vidas esta valiente decisión.
La noticia no está en el número 72, ni en las duras declaraciones de las cancillerías latinoamericanas o de la ONU y la OEA. El núcleo del suceso son las historias del heroísmo silencioso de muchos de estos migrantes, que mostraron una gran calidad humana.
Expresamos nuestra solidaridad con los 72 hermanos migrantes, y rezamos por sus almas.  Y aprendemos de ellos, pues así como ellos rechazaron la invitación a delinquir, nosotros debemos decir que no a la falta de esperanza, debemos recordar que el México actual no es sólo violencia, debemos empeñarnos en no dejar de ver –detrás de las cifras– a esos seres humanos, con rostro y con historia.
Correo: lfvaldes@gmail.com
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domingo, 22 de agosto de 2010

“Primaveras negras”


Luis-Fernando Valdés

En días recientes, México y Cuba han vivido unos episodios sociales que aparentemente no tienen conexión. En isla caribeña fueron liberados algunos presos políticos, mientras que en nuestro País la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la llamada “adopción gay”. Sin embargo, entre ellos hay una raíz, ¿cuál es?

La "Damas de Blanco" durante una manifestación en La Habana.

Se conoce como la “Primavera negra” de Cuba, a la serie de arrestos –y de posteriores condenas– de unos 75 detractores del gobierno de Fidel Castro, ocurridos durante la primavera de 2003. Recientemente, este episodio ha vuelto a la opinión pública internacional, por las manifestaciones de las llamadas “Damas de blanco”.
Este grupo está conformado por esposas y madres de esos presos políticos. Desde 2003 se manifiestan semanalmente, vestidas de blanco. En mayo pasado, el Presidente Raúl Castro amenazó con reprimir estas manifestaciones, cuando la Iglesia católica se ofreció para mediar entre ellas y el gobierno. Finalmente, el 11 de julio fueron liberados algunos de esos prisioneros políticos.
Entre tanto, el fallo de la Suprema Corte a favor de la constitucionalidad de la ley que permite la adopción por parte de parejas homosexuales, ha causado descontento en gran parte de la población nacional. Y esto se ha reflejado en la polémica entre el Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.
Ambos sucesos tienen un “factor común”, que es la deficiente relación entre la dignidad humana y el ejercicio de la libertad. En los dos casos, se ha perdido de vista que la libertad sólo se entiende, cuando ésta tiene como punto de apoyo el carácter inviolable de cada persona.
En Cuba, el régimen político prevalece sobre los individuos, de modo que las libertades fundamentales –que se derivan del hecho de ser persona– son reprimidas. El paradigma político de tipo comunista hace que, en Cuba, los individuos queden supeditados a los intereses del partido en el gobierno.
En nuestra Patria, en cambio, la libertad se ha extrapolado, hasta el grado de ponerse por encima de la dignidad de los niños que pueden ser adoptados. En la reciente legislación del Distrito Federal, ha prevalecido la “no discriminación de género” sobre el interés del niño, pues esa ley se aprobó aún cuando no está comprobado que un menor adoptado por una pareja homosexual esté fuera de riesgo de un posible trauma en su desarrollo emocional.
En un caso, se reprende la libertad; en el otro, la libertad pasa por encima de las personas (especialmente de las más vulnerables). En ambas situaciones, el gran don de la libertad no tiene dónde apoyarse. Estos hecho son la “prueba” de que se requiere de un punto de referencia, para que la capacidad de autodeterminación de cada persona no se pierda ni dañe al prójimo.
El faro que ilumina la libre actuación es el valor intrínseco que cada sujeto posee. Ese valor es irrenunciable, y ningún interés particular puede estar por encima de él, ni un régimen político, ni siquiera el deseo de paternidad cuando ésta no se puede conseguir de modo natural.
Estamos ante otra “primavera negra”, que es el oscurecimiento del valor intrínseco de cada persona. Vivimos en una época oscura, que reclama una nueva primavera del espíritu, la cual sólo advendrá cuando cada uno de nosotros cobre conciencia del indisoluble binomio “dignidad y libertad”, y entienda que si la libertad no está anclada en la verdad sobre el hombre, terminará por atropellar la dignidad de los demás.
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domingo, 15 de agosto de 2010

Adopción gay: derecho contra biología

Luis-Fernando Valdés

La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que mañana lunes se reunirá para decidir sobre la constitucionalidad de la adopción por parte de los llamados “matrimonios gays”. Se trata de una cuestión meramente técnico-jurídica, pues los Ministros no votarán si ese tipo de adopción es buena o no, sino sólo se pronunciarán sobre si la norma promulgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es conforme o en contra de la Carta Magna. Pero esta decisión técnica no implica que la “adopción gay” sea correcta.
Los Ministros de la Suprema Corte discutirán sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Como es lógico, se ha abierto un debate sobre la conveniencia o no de este tipo de adopción, y se ha abordado el tema desde varios puntos de vista. Hoy quisiera compartir con Ustedes un comentario jurídico, para explicar que esa ley, que permite la adopción por parte de homosexuales, tiene grandes carencias.
La adopción, vista desde el derecho, consiste en crear una relación jurídica de filiación entre dos personas, semejante a la relación que existe entre una persona y sus hijos biológicos. Por eso, ya desde el Derecho romano se decía que “la adopción imita a la naturaleza”.
Ese adagio expresa tanto el alcance de la adopción como sus limitaciones. Por eso, el marco propio de la adopción consiste en aceptar lo que la naturaleza permite y prohibir lo que la naturaleza impide.
Por naturaleza, los vínculos entre padres e hijos biológicos son de tipo natural y jurídico, de manera que la paternidad jurídica es poseída por aquel que es padre biológicamente. El Derecho no crea estos vínculos, sino que sólo debe limitarse a reconocerlos.
En cambio, en la adopción el Derecho sí crea estos vínculos, y por eso puede –y debe– controlar las relaciones de filiación creadas por él, para garantizar que se cumplan los fines de la adopción. De manera que, en este caso, el Estado sí puede elegir que tipos de padres quiere para garantizar el bien de los menores que serán adoptados.
Y justamente aquí se ubica la coyuntura jurídica de la posible adopción por parte de parejas homosexuales. Si el Estado puede decir quienes pueden adoptar, ¿por qué no podría elegir como adoptantes a una pareja del mismo sexo?
No es posible que una pareja así pueda recibir a un menor en adopción, porque el vínculo de filiación adoptiva debe construirse a imagen del vínculo de filiación biológica: un padre, una madre y un hijo.  Pero no dos padres y una madre, porque eso no existe en la filiación biológica; ni tampoco dos madres sin padre, porque nadie tiene biológicamente dos padres o dos madres.
Lo que pretende la adopción por parte de dos personas homosexuales es crear unos vínculos artificiales de filiación entre dos padres y un hijo, o entres dos madres y un hijo. Pero este tipo de vínculo no existen en la filiación biológica.
El problema de fondo radica en que el sistema jurídico mexicano es de corte positivista: a diferencia del Derecho romano, sólo toma en cuenta lo que está escrito en las leyes, y prescinde de parte de la realidad que no ha sido descrita por las normas. Sin embargo, estos argumentos biológicos tienen el peso de ser reales, aunque no sean reconocidos por las leyes.
Apoyados en este positivismo jurídico, algunos activistas homosexuales quieren utilizar el Derecho como un instrumento para satisfacer los deseos de paternidad que la naturaleza les niega. Así, aunque se consiga el reconocimiento legal de la “adopción gay”, jamás conseguirán que la biología los apruebe… ni podrán tampoco impedir las consecuencias de obrar contra la naturaleza.

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domingo, 8 de agosto de 2010

Legalizar drogas: ¿solución eficaz?

Luis-Fernando Valdés

El Presidente Calderón sugirió recientemente que, en la discusión sobre la estrategia de seguridad nacional, no estaba excluido el debate sobre la legalización de las drogas, aunque advirtió los posibles efectos negativos que eso conllevaría (3.VIII.2010). Pero, ¿legalizar los narcóticos es una medida efectiva?
El Presidente Felipe Calderón aceptó el debate sobre la legalización 
de las drogas, aunque no apoya la medida (Foto: EFE)

El tema no es nuevo, en diciembre de 2008, el Jefe del Ejecutivo planteó una ley que no penalizaba la posesión de drogas para consumo personal y, en noviembre de 2009, el ex Presidente Fox se pronunció a favor de la legalización de las drogas blandas. Pero mucho antes, en los años 70, Holanda las despenalizó… y su modelo fracasó (como en su momento explicamos en esta columna: ver artículo).
¿Por qué algunos piensan que ésta sería una buena solución? Basados en la ley de la oferta y la demanda, consideran que si disminuyera el precio de las drogas, quebrarían los narco-productores.
Actualmente, los estupefacientes son caros porque son ilegales y su distribución es muy compleja. Sostienen que si fueran legales, ese costo disminuiría, el precio sería muy barato, bajarían las ganancias, y así se acabaría el imperio económico de los narcotraficantes.
A nivel teórico, la propuesta parece razonable. Pero, se funda en una premisa que no es real. Para que ese modelo funcione, se da por supuesto que todo mundo respetaría las leyes, tanto civiles como del mercado, y que los grupos armados se retirarían pacíficamente para sembrar y distribuir drogas legales, pagando sus impuesto.
Pero eso es una ingenuidad, pues es bastante utópico pensar que –por el hecho de aprobar unas leyes– los traficantes va a cambiar su modo de ser. La promulgación de una ley no los transformará de asesinos y secuestradores en pacíficos comerciantes. Tampoco esas nuevas normas van a hacer que desaparezca la corrupción, que impide la eficacia de las leyes.
Además, los narcos no se van resignar a tener pérdidas gigantescas. Acostumbrados a ingresos millonarios, posiblemente cambien de giro, y se dediquen quizá al secuestro y a la extorsión. Por eso, legalizar las drogas no es garantía alguna de que desaparezcan las mafias, ni la violencia.
Por otra parte, tampoco sería conveniente dar este paso, por el alto costo social que conllevaría. Con toda certeza, las enfermedades relacionadas con la tóxico-dependencia aumentarán. Y si el actual sistema de salud está saturado, ¿qué va a suceder con todos estos nuevos pacientes? Asimismo, también se acrecentará el número de accidentes de tránsito, que derivarán del fácil acceso a las drogas.
Ante estas situaciones, ¿el Estado tiene realmente los medios económicos y de personal para afrontar el incremento del problema de salud pública, que conllevaría inevitablemente la liberalización de la droga?
Y en el campo laboral, ¿se podrá confiar profesionalmente en personas drogadictas? ¿se les deberá garantizar la seguridad de su empleo? Sin duda, sobrevendría un problema muy grande para dar ocupación a estas personas.
La solución no es legalizar los estupefacientes, porque –como afirmó Juan Pablo II– “la droga no se vence con la droga”. Por eso, proponer una política de simple “limitación” o “reducción” de los daños, lejos de resolver el conflicto sólo conlleva admitir que una parte de la población se drogue y vaya hacia su perdición.
Ante esta opción tan “pragmática” y poco respetuosa del ciudadano concreto, ¿no sería preferible optar por una política de verdadera prevención, encaminada a construir o a reconstruir una “cultura de la vida” y un “cultura de la familia”?

Correo: lfvaldes@gmail.com
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domingo, 1 de agosto de 2010

SB1070: una protección que atropella


Luis-Fernando Valdés

Se ha iniciado una batalla legal en Estados Unidos, entre el Gobierno Federal y el Estado de Arizona, sobre la Ley de migración SB1070. El Gobierno estatal argumenta la necesidad de seguridad en su frontera y la Administración Obama busca quitar las medidas racistas de esa ley. Entonces, ¿la seguridad está enfrentada a los derechos humanos?
Susan Bolton, jueza federal, suspendió la aplicación de la parte 
polémica de la Ley de migración del Estado de Arizona

La jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, suspendió temporalmente la entrada en vigor de las secciones más polémicas de la Ley SB1070 que han despertado polémica (28.VII.2010). La sección 2 obliga a las policías locales a determinar el estatus migratorio de una persona si existe una “sospecha razonable”, y la sección 3 establece un sistema de control migratorio por parte de las autoridades estatales, paralelo a las agencias de migración ya existentes.
La decisión de la jueza suspende la facultad que esa Ley concedía a la policía de revisar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de encontrarse ilegalmente en ese país. Además, frenó las disposiciones de la ley que convertían en crimen tanto no portar documentos migratorios, como que los migrantes ilegales solicitaran trabajo o lo realizaran.
Esas dos polémicas medidas, ahora suspendidas mientras se determina la constitucionalidad de esa Ley, atentan contra los Derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos humanos (10.XII.1948) establece, en el Artículo 9, que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.
La SB1070 claramente da pie a que, bajo el pretexto de una “sospecha razonable”, se encubra una actuación policial que puede detener arbitrariamente a cualquier “sospechoso de ser migrante ilegal”. Esta misma situación empujaría a la discriminación racial, pues se podría detener a cualquier que, por el color de su piel, parezca migrante. Es decir, el aspecto latino o asiático sería suficiente motivo para detener a una persona y darle el trato de “sospechosa”.
El Artículo 13 de la Declaración universal sanciona, en § 1, que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y en el § 2, se afirma que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
De esta manera se garantiza la libertad de tránsito. En la práctica, sólo se exige el pasaporte cuando una persona ingresa a un territorio extranjero; y después esta persona puede transitar por un país sin necesidad de mostrar el visado. La SB1070, al exigir que todos lleven sus documentos en todo momento, está criminalizando a la misma libertad de tránsito.
Aunque es muy comprensible que Arizona busque proteger su frontera de la incursión de traficantes de droga, y que desee controlar el flujo de migrantes ilegales, los medios que propone, a través de esta Ley de migración, no son los adecuados, porque pasa por encima de los Derechos humanos.
Es importante que se haya suspendido la parte discriminatoria de la SB1070, pero ahí no puede terminar esta contienda jurídica. Estados Unidos necesita una nueva ley federal sobre migración, que permita acoger a los migrantes e integrarlos a la vida social de esa nación, sin limitarse a introducirlos utilitariamente en su sistema económico.
Además, la buena solución a este conflicto legal sentará un precedente en el que se establecerá si es posible o no, asegurar la seguridad pública de un modo armónico con los Derechos humanos. Mientras tanto la moneda del respeto a los migrantes sigue en el aire.

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